Representación procesal ante los Tribunales Ambientales de Chile

Por Jorge Roberto Retamal Valenzuela[1]

Francisco Javier Fuenzalida Avio[2]


[1] Magíster en Derecho Ambiental por la Universidad de Chile; Abogado y profesor de postgrado de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad Católica del Norte, Chile. Actualmente se desempeña como Ministro del Ilustre Tercer Tribunal Ambiental de Chile. Correo: jorge.jorgeretamal@gmail.com.

[2] Magíster en Derecho ©, mención Derecho Público, Universidad Austral de Chile; Abogado de la Universidad de Aconcagua. Actualmente se desempeña como Abogado asesor del Ilustre Tercer Tribunal Ambiental de Chile. Correo: franciscofuenzalidaavio@gmail.com


En Chile, el Código Orgánico de Tribunales define a los abogados -en su artículo 520- como aquellas «personas revestidas por la autoridad competente de la facultad de defender ante los Tribunales de Justicia los derechos de las partes litigantes». Entre los requisitos para ser abogado, el artículo 523 numeral 5 del referido Código, exige «haber cumplido satisfactoriamente una práctica profesional por seis meses en las Corporaciones de Asistencia Judicial a que se refiere la Ley N° 17.995». En consecuencia, todas las personas que egresan de sus estudios de Derecho y aspiran al título de abogado, deben realizar una práctica profesional en la Corporación de Asistencia Judicial (en adelante, también «CAJ»), que necesariamente implica litigar ante los Tribunales de Justicia.

La Ley 20.600, que crea y regula los Tribunales Ambientales en Chile, dispone en su artículo 21, parte final, que «las partes deberán actuar representadas en la forma prevista en la Ley Nº 18.120, sobre comparecencia en juicio». Según esta última ley, se exige a las personas comparecer representadas -ante cualquier Tribunal de la República y salvo excepciones legales- por un abogado habilitado para el ejercicio de la profesión; por un estudiante que se encuentre cursando tercero, cuarto o quinto año de las Escuelas de Derecho de las Facultades de Ciencias Jurídicas y Sociales de alguna de las universidades autorizadas del país; o «por un egresado de esas mismas escuelas hasta tres años después de haber rendido los exámenes correspondientes»[1]. Luego, dispone que las CAJ pueden designar como mandatario a los egresados de las Escuelas de Derecho, cualquiera sea el tiempo transcurrido después de haber rendido los exámenes correspondientes, «para el solo efecto de realizar la práctica judicial necesaria para obtener el título de abogado».

Las personas que ingresan a realizar su práctica profesional a las Corporaciones de Asistencia Judicial intervienen en los procedimientos como mandatarios judiciales en virtud de delegación de facultades que realiza el respectivo Abogado de la Corporación. Dicha delegación constituye un elemento accidental del contrato, conforme al art. 7 inc 1º del Código de Procedimiento Civil chileno.

El Abogado de la Corporación que supervisa al postulante, además, cumple el rol de abogado patrocinante, en virtud de un contrato de patrocinio en que asume la dirección de la(s) estrategia(s) del juicio. Por regla general, ambos contratos ―mandato y patrocinio― así como la delegación del mandato judicial en un postulante de la CAJ, se constituyen ante el Secretario del respectivo Tribunal, quien interviene como Ministro de Fe, autorizando además los poderes conferidos.

En cuanto a los requisitos, sólo pueden ser patrocinantes los que se encuentren investidos del título de Abogado, mientras que los mandatarios pueden ser, además de un Abogado, los postulantes de las Corporaciones de Asistencia Judicial.

Como existe remisión directa de la Ley de Tribunales Ambientales a las reglas de comparecencia en juicio contenidas en la ley general -esto es, el Código de Procedimiento Civil y la Ley N° 18.120 sobre comparecencia en juicio-, podemos sostener que, en principio, cualquiera de las modalidades de comparecencia que reconoce el código y la ley referidas podrían verificarse ante esta sede judicial especializada al momento de litigar en el marco de una controversia ambiental judicializada.

Pese a la aparente armonía entre las disposiciones expuestas, en la novel jurisdicción ambiental chilena sólo se conocen experiencias de comparecencia de estudiantes de 3°, 4° o 5° año de las Escuelas de Derecho, así como de egresados de estas mismas escuelas[2]. No ha ocurrido lo mismo respecto de postulantes al título de abogado que se encuentren realizando su práctica profesional en la respectiva Corporación de Asistencia Judicial. Por ello, resulta interesante dilucidar si estos Tribunales podrían o no permitir su intervención, y para el caso que la respuesta sea favorable, queda por determinar cuáles serían las facultades del mandatario en cada caso.

Así, el presente artículo se aventura a demostrar que la redacción del artículo 21 parte final de la Ley N° 20.600, alusivo a la representación judicial, admite la comparecencia tanto de egresados de Derecho como de estudiantes que se encuentren realizando su práctica profesional en la Corporación de Asistencia Judicial. Por último, las facultades de unos y otros dependerá del tenor de los poderes que les sean otorgados.

¿Cómo operarían estas reglas en los procedimientos de reclamación y demanda de la LTA?

Los principales procedimientos ante Tribunales Ambientales son de dos tipos: i) De reclamación de ilegalidad contra resoluciones de la Administración Ambiental; y ii) De demanda por daño ambiental. En cuanto a sus reglas de tramitación, ambos procedimientos admiten diferencias con relación a las defensas orales -también denominadas «alegatos»-. Así, en la reclamación se siguen las reglas de la vista de la causa aplicables al recurso de apelación civil, por remisión establecida en el art. 29 inc. 3° LTA. Conforme a dichas reglas, contenidas en los art. 223 y siguientes del Código de Procedimiento Civil Chileno, deben escucharse en audiencia pública los alegatos de los abogados que se hubieren anunciado. En el procedimiento por daño ambiental, en tanto, el art. 38 de la LTA dispone que, una vez concluida la producción de prueba, las partes tienen derecho a formular sus «alegaciones finales». Entonces, en la reclamación pueden solicitarse alegatos[3], mientras que en el procedimiento de demanda por daño ambiental no es necesario, puesto que la ley no dispuso tal exigencia, no obstante que las partes hagan uso de este derecho.

Considerando que la LTA puso a disposición de las partes el derecho a realizar oralmente la defensa de sus pretensiones, nos preguntamos si este derecho puede ser ejercido por los egresados de derecho y practicantes CAJ, tanto en el procedimiento por reclamación como por demanda por daño ambiental. En principio, la ley orgánica aplicable a los Tribunales Ambientales[4], dispone que no pueden intervenir, porque las defensas orales sólo pueden ser realizadas por abogados habilitados para el ejercicio de la profesión[5].

Sin embargo, tratándose de los egresados que se encuentren realizando su práctica profesional en la Corporación de Asistencia Judicial, el inciso segundo del art. 527 del Código Orgánico de Tribunales prescribe una opción que les permite realizar defensas orales ante Cortes de Apelaciones y Cortes Marciales. Las Corporaciones de Asistencia Judicial fueron creadas para representar en juicio -de manera gratuita- a las personas que no puedan procurarse una defensa pagada[6].

En la historia de la Ley N° 20.600, podemos encontrar referencias a la Corporación de Asistencia Judicial en diversos pasajes. En primer lugar, durante la tramitación de la ley se escuchó la opinión de las organizaciones vinculadas a la protección de intereses ambientales, quienes sostuvieron que las Corporaciones de Asistencia Judicial no podrían acoger el desafío de defender los intereses judiciales «en forma adecuada»[7]. Luego, en la votación de la indicación 39-1, realizada por el Sr. Presidente de la República, que introdujo la norma del art. 21 de la Ley Nº 20.600, que regula la comparecencia en juicio, la Honorable Senadora Sra. Isabel Allende Bussi solicitó dejar constancia de que dicho artículo sobre representación judicial, se aprobaba «en el entendido que las Corporaciones de Asistencia Judicial asesorarán a los interesados que carezcan de recursos para contratar un abogado»[8]. Si bien consta que esta materia fue objeto de análisis en el trabajo legislativo, planteándose debate con relación a cómo se abordaría la representación judicial de personas que no pudiesen pagar por la defensa de sus derechos e intereses ante los Tribunales Ambientales, lo cierto es que no existió un debate acabado sobre representación judicial más allá del texto aprobado, que como sabemos no introdujo una regla expresa que permita confirmar o excepcionar a la regla del COT[9].

Nos atrevemos a pensar que, conforme a las reglas generales y especiales de comparecencia en juicio expuestas, no existiría inconveniente en que los postulantes de la Corporación de Asistencia Judicial puedan comparecer ante los Tribunales Ambientales y realizar alegaciones orales en defensa de los intereses de mandatarios judiciales, siempre que medien las autorizaciones legales y administrativas necesarias para dicha comparecencia[10].

En ese contexto, son materias de análisis las implicancias orgánicas, funcionales y/o presupuestarias que dicha comparecencia haría necesaria, especialmente con relación a los medios para brindar a las personas que acuden a la CAJ la atención de sus asuntos por abogados especializados que supervisen a los postulantes y el análisis y procesamiento de información técnica y científica propia de las controversias ambientales. Eventualmente, podrían requerir iniciativa de ley, en cuanto irroguen gasto público.

¿Es deber del Estado otorgar asistencia gratuita para el acceso a la justicia ambiental?

A partir de la garantía constitucional a obtener asesoramiento y defensa jurídica a las personas que no pueden procurársela[11], cabe preguntarse si este deber alcanza a la defensa judicial en materia ambiental. A este respecto, es claro que al menos la Ley N° 20.600 no reguló los mecanismos para brindar asesoría jurídica gratuita. La pregunta que nos formulamos es la siguiente: ¿Era necesario que lo hiciera?. Nuestra respuesta es negativa, dada la prevalencia de la declaración constitucional. Lo relevante, entonces, es resolver cómo es que ello sería posible. A partir de la redacción del art. 21 parte final de la Ley Nº 20.600, que como dijimos aplicó a la representación de las partes la Ley N° 18.120, es posible sostener que la ley sobre comparecencia en juicio incluyó la posibilidad de que un postulante CAJ pueda representar intereses o derechos de personas que no puedan procurarse defensa privada.

Lo que se requeriría sería, entonces, es el análisis exploratorio sobre la correspondiente disposición de recursos públicos, con la finalidad de que las Corporaciones de Asistencia Judicial cuenten con abogados titulados que reúnan las competencias necesarias para realizar las respectivas defensas orales que hemos visto se disponen en los procedimientos de la Ley N° 20.600, dada la limitación que asiste a los postulantes CAJ para llevarlas a cabo. En las demás actuaciones, sin embargo, no existe obstáculo legal para que los referidos postulantes puedan comparecer. Así, por ejemplo, podrían realizar presentaciones escritas en ambos procedimientos, así como producir prueba en audiencia en una demanda por daño ambiental.

Para que el postulante CAJ pueda realizar alegaciones orales, en cambio, sí sería necesario realizar una reforma legislativa, porque como hemos dicho, al no tener la calidad de abogado, no pueden realizar defensas orales.

Cabe destacar además que actualmente se encuentra en discusión legislativa, en segundo trámite constitucional, un proyecto de ley (Boletín N° 10.307-07) que facultaría a las Corporaciones de Asistencia Judicial para «celebrar convenios con el Ministerio Público, con la Defensoría Penal Pública y con otros organismos, servicios e instituciones que, con arreglo a la ley o a sus estatutos, presten asistencia jurídica o judicial gratuita». Ello permitiría que egresados de Derecho cumplan su práctica profesional en corporaciones sin fines de lucro o fundaciones pro bono que presten asesoría jurídica gratuita en materia ambiental.

Comentarios finales

Del análisis expuesto, aparece que no existe inconveniente legal ni se requiere modificación legislativa para que las personas que dispone el artículo 2° inciso 1° de la Ley N° 18.120 representen a personas naturales o jurídicas ante los Tribunales Ambientales chilenos.

En el caso de los egresados y postulantes CAJ que se encuentren realizando su práctica profesional, si bien se encuentran incluidos en la prohibición, existe espacio para permitir al menos la intervención de estos últimos en las demás actuaciones de los procedimientos por reclamación y demanda, mientras que para realizar alegaciones orales se requiere una reforma legislativa que lo declare expresamente, especialmente considerando la historia de la tramitación legislativa de la Ley N° 20.600 en tal sentido. Esta apertura podría incidir en el aumento de las posibilidades de acceso a la justicia ambiental por parte de la ciudadanía, por cuanto, al brindar asesoría jurídica gratuita, facilitaría tanto la presentación de acciones por reclamación contra resoluciones dictadas por la administración ambiental, como de demandas de reparación por daño ambiental.


[1] Ley 18.120, Art. 2°, inc. 1°.

[2] Tercer Tribunal Ambiental, Rol Nº R-6-2014.

[3] En la práctica, las partes realizan el anuncio de sus alegatos luego que el Tribunal Ambiental fije mediante resolución judicial, el día y hora para la vista de la causa. La solicitud se realiza por escrito, agregando el lapso de tiempo por el que se solicita la intervención. También se estila el anuncio de medios audiovisuales en  apoyo de los alegatos.

[4] Art 5° inc. 4° con relación al art. 527 COT.

[5] Art. 527 inc. 1° COT.

[6] Conforme al art. 10 letra a) del Reglamento de Práctica Profesional de Postulantes al Título de Abogado “Los postulantes tendrán las siguientes obligaciones: a) Atender la defensa de los juicios y la atención de los demás asuntos que el Abogado Jefe le encomiende”.

[7] Historia de la Ley N° 20.600, p. 45.

[8] Ibid, p. 533, indicación 39-1, en Segundo Informe Comisiones Unidas de Constitución y Medio Ambiente.

[9] No sucede lo mismo en sede laboral, en que el art. 431 inciso final reprodujo la regla del art. 527 COT.

[10] La práctica profesional de los postulantes al título de abogado se encuentra regulada en el Reglamento N° 265 de 2 de octubre de 1985, del Ministerio de Justicia de Chile. 

[11] Art. 19 N° 3 inc. 2 Constitución Política de la República de Chile.

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